En México, el acceso a la justicia no se limita a los tribunales.
El artículo 17 de la Constitución reconoce los mecanismos alternativos de solución de controversias como una vía legítima para resolver conflictos. En un contexto donde los juzgados están saturados, cada vez más empresas recurren a figuras como la mediación, la conciliación o el arbitraje.
Sin embargo, en la práctica hay un punto que pocas veces se atiende con el debido cuidado:
No basta con incluir una cláusula de mediación o arbitraje en un contrato, de hecho, una cláusula mal diseñada puede generar más problemas de los que pretende evitar.
El error común, en muchos contratos se incluyen cláusulas de solución alternativa que:
- Son ambiguas
- No definen procedimientos claros
- No establecen medios formales de comunicación
- No fijan plazos ni reglas ejecutables
- Generan contradicciones con la jurisdicción ordinaria
El resultado es claro, lejos de agilizar la solución del conflicto, la complican.
Una cláusula mal estructurada puede tener efectos relevantes:
- Volver ineficaz el mecanismo alternativo
- Retrasar el acceso a la justicia ordinaria
- Generar nulidades o controversias adicionales
En lugar de prevenir el conflicto, lo prolonga.
La verdadera prevención jurídica no está en “incluir” una cláusula, está en diseñarla correctamente.
Una cláusula bien pensada permite:
- Resolver conflictos con mayor rapidez
- Reducir costos
- Dar certeza jurídica a las partes
- Y, en caso de ser necesario, no cerrar la puerta a la vía judicial
Los mecanismos alternativos no son una moda, son una herramienta constitucional de acceso a la justicia.
Pero, como ocurre con todo en derecho, su efectividad no depende de su existenc, sino de cómo se instrumentan.
Una cláusula mal diseñada puede convertirse en un obstáculo, una bien estructurada, en una ventaja estratégica.
